La minería en México, un negocio para pocos

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, practicada desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la colonia. En el México independiente, la participación de la industria minera fue muy importante para el desarrollo económico del país, pero nunca exenta de conflictos sociales, dada la concentración de la riqueza de esta industria en pocas manos y una gran explotación que se hizo y se sigue ejerciendo sobre los trabajadores mineros.

Actualmente el sector minero aporta el 1.5% al producto interno bruto nacional, contribuye con 328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, según cifras de la Cámara Minera de México, CAMIMEX, lo que le hace ser uno de los sectores empleadores más grandes del país. Hoy en día, la industria minera se ubica como el cuarto generador de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de dólares, según cifras de INEGI.

México es un territorio atractivo para los inversionistas ya que es el primer productor mundial de plata, undécimo de oro y duodécimo de cobre. También es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto más grande de plomo. La producción minera de México se divide en 21% oro, 20% plata, 14% cobre, 8% zinc y el resto en otros minerales, según datos de la Secretaría de Economía.

La industria minera en México ha crecido a pasos agigantados a lo largo de todo el territorio del país. Sólo en el gobierno de Felipe Calderón, la inversión extranjera directa en el sector minero aumento más de 224% con respecto al sexenio anterior, según cifras de la Secretaria de Economía (SE).

El sector minero en México  está concentrado y dominado por pocas empresas, nacionales y extranjeras, que son las beneficiarias de la riqueza de la industria. Los trabajadores  mineros, por el contrario, no son tan afortunados, realizan su labor en condiciones muy desfavorables de higiene y seguridad, con muy bajos salarios.  Por su parte, las comunidades en donde se desarrollan estas actividades no se ven beneficiadas, sino que sufren terribles impactos ecológicos, debido a que la extracción minera afecta el ambiente desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua. 

Una de las principales empresas en este sector es Grupo México, de Germán Larrea (el segundo hombre más rico de México, después de Carlos Slim). Esta empresa ha sido la única favorecida con concesiones en minas de cobre,  por parte de los gobiernos federales, en los últimos veintidós  años,  lo que la hace, hasta el momento, la monopolizadora de este metal, en el país. Este emporio  no sólo ha sido favorecido con concesiones mineras, también goza de facilidades fiscales; según datos de la SHCP, Grupo México, en 2008, pagó únicamente el 3.9% de impuestos en relación a sus ventas, y obtuvo 7,198 millones de pesos en impuestos diferidos en ese mismo año. Las condiciones laborales y de seguridad para sus trabajadores que  tiene  el consorcio del Sr. Larrea no son precisamente las más adecuadas; ejemplo de ello es el accidente que se tuvo en la mina carbonífera de Pasta de Conchos, Coahuila, en 2006,  donde murieron 63 mineros al derrumbarse la mina. La empresa no hizo nada para al menos recuperar los cuerpos de los trabajadores.

La empresa minera Frisco, que pertenece al hombre más acaudalado del planeta, Carlos Slim, es también uno de los tres consorcios que dominan y concentran la extracción minera, sobre todo en minas de oro y plata, y al igual que Grupo México,  goza de estímulos fiscales, muy generosos, por parte del gobierno federal.

La tercera empresa minera de capital nacional que  domina la extracción de minerales en México es Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, también dueño de El Palacio de Hierro, accionista principal de la aseguradora GNP y Médica Móvil, y patrono del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma máter de prominentes miembros del grupo gobernante, tanto de los gobiernos panistas como priistas. Bailleres es uno de los tres hombres más ricos de México, según la Revista Forbes. Peñoles es una empresa con muchos accidentes de trabajo y con varias acusaciones por daños ecológicos a  comunidades en donde están presentes.

La Ley Minera de 1993, promulgada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, dio grandes facilidades para la privatización del sector minero y también para la inversión extranjera en esta  actividad económica; esta ley también eliminó por completo el régimen de regalías, el cual es común en la industria minera en todas partes del mundo,  y el sistema impositivo mexicano sólo impone el pago de 1.2% sobre el valor del producto exportado. Las empresas mineras sólo pagan impuestos federales, ningún impuesto estatal, ni municipal.

La Auditoría Superior de la Federación, ASF, en su informe del 2010, reporto que las multinacionales mineras que están en nuestro país tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.

La Inversión Extranjera Directa IED, en el sector minero, está encabezada por capitales provenientes de compañías canadienses. En el 2011 la producción de oro generó para las empresas nacionales y extranjeras  36 mil 700 millones de pesos, según cifras de la Camimex, la canadiense, GoldCorp, es la que mayormente extrajo metales de las  minas mexicanas, seguida por Frisco, la empresa de Carlos Slim.

Las empresas mineras, nacionales y extranjeras, no sólo reciben exenciones fiscales y leyes muy blandas en lo que respecta a la seguridad de los trabajadores mineros, sino también la concesión de  grandes extensiones del territorio nacional. Se calcula que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron  52 millones de hectáreas a empresas mineras, según datos de la Dirección General de Minas, esto equivale al 26% del territorio nacional.

La inversión extranjera en el sector minero está muy lejos de representar una solución para poblaciones marginadas del país, y muchas veces son causantes de más deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de esas zonas; tal es el caso de la mina que fue concesionada por el gobierno federal a la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, que tiene su filial Compañía Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca, que dicho sea de paso es el tercer municipio más pobre de ese estado.  El emporio canadiense ha extraído de esas minas miles de onzas de oro y plata; se calcula que solamente del metal dorado, la minera podría haber ganado 360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno federal ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejando en el municipio daños ecológicos tremendamente grandes, contaminando los mantos acuíferos de la zona, ya que la empresa, en cuestión, utiliza miles de litros de agua y mercurio para separar el oro; por consiguiente, el líquido queda contaminado y ya no se puede aprovechar, ni para consumo humano, ni para riego.

Las minas de carbón, por su parte, son un negocio muy próspero para los empresarios del ramo, y según denuncio  el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, estos magnates están relacionados con el crimen organizado y son unos verdaderos gánsteres. La forma en que opera el multimillonario sistema de extracción del mineral de estas carboníferas empieza con la explotación brutal del minero, a quien los industriales le pagan 30 pesos por tonelada, mientras ellos se la venden a la Comisión Federal de Electricidad CFE a través de la paraestatal (Promotora de Desarrollo Minero de Coahuila) a 927 pesos, según el último arreglo entre los 87 productores celebrado el año pasado, cada empresario gana por lo menos 25 millones de pesos.

Los concesionarios de las minas carboníferas, se reparten alrededor de 800 millones de pesos, en cambio, el  trabajador minero no recibe Seguro Social, ni utilidades, aguinaldo o prestaciones laborales, eso sin mencionar que  trabaja sin medidas de seguridad. El resultado: miles de mineros muertos, mutilados, enfermos y desolados.

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